Compatriotas,
Luego de discutir durante meses en torno a nuestra problemática rural y de buscar soluciones que efectivamente reivindiquen y rediman al campesino, a las comunidades indígenas y afro-descendientes, y que favorezcan el buen vivir de los colombianos, hemos avanzado en la construcción de un acuerdo, con salvedades puntuales, que necesariamente tendrán que ser retomadas, antes de la concreción de un acuerdo final.
Las reivindicaciones históricas más
sentidas de las comunidades rurales y empobrecidas, fueron bandera al
viento en nuestras manos, y argumento para el debate en la Mesa de
Conversaciones. Nos erigimos en voz de las gentes del común, de los
campesinos sin tierra frente a las alambradas de las grandes
propiedades, de las comunidades rurales resueltas a defender su
territorio amenazado por la depredación minero-energética de las
trasnacionales… Las Cien Propuestas mínimas orientadas al DESARROLLO
RURAL Y AGRARIO PARA LA DEMOCRATIZACIÓN Y LA PAZ CON JUSTICIA SOCIAL DE
COLOMBIA, son una muestra fehaciente de la profundidad de nuestro
compromiso. Allí están plasmadas las ideas de justicia que los de abajo
han querido que se les escuche y se les reconozca.
Luego de 22 años de vigencia de una Carta Magna que consagró derechos en el papel, mientras desató su política neoliberal generadora de miseria, desigualdad y violencia, es hora de exigir que la letra muerta de beneficio social de la Constitución y la Ley, resuciten, recobren vida, y sea cumplida por las elites empotradas en el Estado.
En La Habana estamos abriendo una senda para que el pueblo actúe, se movilice, en defensa de sus derechos y siga haciendo escuchar su voz como protagonista principal de la construcción de la paz. Pero preocupa que mientras las mayorías claman reconciliación y expresan sus anhelos de justicia, el país tenga que seguir soportando la inclemencia de medidas y políticas económicas que entregan nuestro territorio a la voracidad de las transnacionales, se siga profundizando la desigualdad, y continúen cayendo compatriotas, de lado y lado, en una guerra de medio siglo que urge una salida política.
Este acto de cierre de un ciclo temático es al mismo tiempo la apertura al trascendental debate en torno a la democracia colombiana. Muchas preocupaciones orbitan nuestra conciencia de voceros de los anhelos populares con relación al trascendental asunto de la Participación Política, que abordaremos en la Mesa de Diálogo de La Habana a partir del 11 de junio.
Urgentes cambios estructurales están tocando las puertas del Estado, reclamando participación ciudadana en las decisiones y en la adopción de políticas que comprometen su futuro de dignidad. Tenemos que volver la mirada hacia nuestros orígenes, para encontrarnos con la enseñanza del Libertador que nos dice que “La soberanía del pueblo es la única autoridad legítima de las naciones”, que “El destino del ejército es guarnecer la frontera. ¡Dios nos preserve de que vuelva sus armas contra los ciudadanos! Basta la milicia nacional para conservar el orden interno”, “las minas de cualquier clase, corresponden a la República”, y, “La hacienda nacional no es de quien os gobierna. Todos los depositarios de vuestros intereses deben demostraros el uso que han hecho de ellos”.
En las actuales circunstancias nos preocupa, por ejemplo, la captura del Estado por parte de grupos de poder que aprueban leyes y regulaciones que solo favorecen su egoísmo mientras desprecian el interés común y llevan la desigualdad y la defensa violenta de sus capitales, más allá de los límites de lo infrahumano.
Una suerte de “macrocriminalidad”, en la que reinan la corrupción y la impunidad, se ha apoderado del Estado colombiano. Sigue éste enredado en la telaraña de la ilegalidad narco-paramilitar. Y pululan todavía los comisionistas que hacen el puente entre el Estado, empresas legales y la ilegalidad, para lavar activos, celebrar contratos, robar los recursos de la salud, y saquear las arcas de la nación.
Todos estos, son elementos que hoy obstruyen la posibilidad de construir una alternativa de solución diferente a la guerra, pero confiamos en la sabiduría de las organizaciones sociales, políticas y populares de Colombia, que sabrán desbrozar el camino hacia la paz.
El esfuerzo colectivo por la paz de Colombia tendrá que ser compensado con un tratado justo y vinculante rubricado por una Asamblea Nacional Constituyente que funde nuestra reconciliación a perpetuidad.
El Estado colombiano espera una transformación estructural profunda, que complemente medidas trascendentales similares a las que ahora hemos acordado, como la de la formalización progresiva de todos los predios que ocupan o poseen los campesinos de Colombia.
Luego de 22 años de vigencia de una Carta Magna que consagró derechos en el papel, mientras desató su política neoliberal generadora de miseria, desigualdad y violencia, es hora de exigir que la letra muerta de beneficio social de la Constitución y la Ley, resuciten, recobren vida, y sea cumplida por las elites empotradas en el Estado.
En La Habana estamos abriendo una senda para que el pueblo actúe, se movilice, en defensa de sus derechos y siga haciendo escuchar su voz como protagonista principal de la construcción de la paz. Pero preocupa que mientras las mayorías claman reconciliación y expresan sus anhelos de justicia, el país tenga que seguir soportando la inclemencia de medidas y políticas económicas que entregan nuestro territorio a la voracidad de las transnacionales, se siga profundizando la desigualdad, y continúen cayendo compatriotas, de lado y lado, en una guerra de medio siglo que urge una salida política.
Este acto de cierre de un ciclo temático es al mismo tiempo la apertura al trascendental debate en torno a la democracia colombiana. Muchas preocupaciones orbitan nuestra conciencia de voceros de los anhelos populares con relación al trascendental asunto de la Participación Política, que abordaremos en la Mesa de Diálogo de La Habana a partir del 11 de junio.
Urgentes cambios estructurales están tocando las puertas del Estado, reclamando participación ciudadana en las decisiones y en la adopción de políticas que comprometen su futuro de dignidad. Tenemos que volver la mirada hacia nuestros orígenes, para encontrarnos con la enseñanza del Libertador que nos dice que “La soberanía del pueblo es la única autoridad legítima de las naciones”, que “El destino del ejército es guarnecer la frontera. ¡Dios nos preserve de que vuelva sus armas contra los ciudadanos! Basta la milicia nacional para conservar el orden interno”, “las minas de cualquier clase, corresponden a la República”, y, “La hacienda nacional no es de quien os gobierna. Todos los depositarios de vuestros intereses deben demostraros el uso que han hecho de ellos”.
En las actuales circunstancias nos preocupa, por ejemplo, la captura del Estado por parte de grupos de poder que aprueban leyes y regulaciones que solo favorecen su egoísmo mientras desprecian el interés común y llevan la desigualdad y la defensa violenta de sus capitales, más allá de los límites de lo infrahumano.
Una suerte de “macrocriminalidad”, en la que reinan la corrupción y la impunidad, se ha apoderado del Estado colombiano. Sigue éste enredado en la telaraña de la ilegalidad narco-paramilitar. Y pululan todavía los comisionistas que hacen el puente entre el Estado, empresas legales y la ilegalidad, para lavar activos, celebrar contratos, robar los recursos de la salud, y saquear las arcas de la nación.
Todos estos, son elementos que hoy obstruyen la posibilidad de construir una alternativa de solución diferente a la guerra, pero confiamos en la sabiduría de las organizaciones sociales, políticas y populares de Colombia, que sabrán desbrozar el camino hacia la paz.
El esfuerzo colectivo por la paz de Colombia tendrá que ser compensado con un tratado justo y vinculante rubricado por una Asamblea Nacional Constituyente que funde nuestra reconciliación a perpetuidad.
El Estado colombiano espera una transformación estructural profunda, que complemente medidas trascendentales similares a las que ahora hemos acordado, como la de la formalización progresiva de todos los predios que ocupan o poseen los campesinos de Colombia.
La Habana, Cuba, Sede de los diálogos de paz, Mayo 26 de 2013
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP
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