viernes, 22 de julio de 2011

¡Amando, Venceremos! Asilo Político para Julián Conrado


ULTIMA HORA: Apareció Julián Conrado  

Coordinadora "Que no calle el cantor"

Como sabe el mundo el 31 de mayo, en operativo conjunto de las policías venezolana y colombiana, fue detenido-secuestrado ilegalmente en Venezuela, estado Barinas, el cantautor revolucionario colombiano Julián Conrado. Actualmente se desconoce si cursa el “procedimiento legal” para su entrega al gobierno de Colombia, país en el cual hay 7501 (ahora sería 1 más) presos políticos producto de la   guerra civil que aqueja al hermano país desde hace más de sesenta años, a los cuales les son violados sus derechos humanos y negado el debido proceso. 
Con palabras de Julián, entregarlo a Colombia sería “…la tortura y la muerte...”.
Hoy sabemos que está en Boleíta, en la sede de la Dirección General de Inteligencia Militar (DIM) en Caracas. Lleva 52 días incomunicado y secuestrado. Así como nuestro comandante Chávez para desmentir su renuncia,  desde la base militar de Turiamo donde  también estaba desaparecido y secuestrado en abril de 2002, logró la ayuda  de su cabo de la Guardia Nacional Juan Bautista Rodríguez, el “Cabos de Tres Soles”, nuestro cantor Grancolombiano Julián, consiguió   la solidaridad de un humilde soldado bolivariano que nos hizo aparecer al trovador de la selva a través de unas líneas de agradecimiento que se podrán leer a continuación.
Julián nos hace llegar su luz, desde las sombras del encierro, por medio de una carta de agradecimiento a la gente decente del mundo que comprende el valor de la solidaridad y la importancia de la defensa intransigente del Derecho Internacional Humanitario. Dice así (anexamos copia fiel e idéntica de la misma):

Caracas, día del cumpleaños de Mandela de 2011
                      Hermanos y hermanas de todas partes del mundo que me brindan solidaridad. Desde mi cautiverio en la República Bolivariana de Venezuela, les agradezco su apoyo y el valor que me dan para seguir adelante.
                      Sé que de acuerdo a los tratados y leyes internacionales, las propias de Venezuela mi extradición a Colombia o a EEUU no es posible; y el Comandante Chávez sabe perfectamente que ninguna razón de Estado puede estar jamás por encima de los derechos inherentes a la persona humana y los principios revolucionario; sabe además el camarada Chávez, que esa decisión no tendría otro significado que el de la tortura y la muerte; y el che lo dijo muy claro: “la cualidad más linda de un revolucionario es sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo”.
                      De todas maneras quiero que sepan, que sea lo que sea, ni me rendiré ni traicionaré; definitivamente el corazón no me deja otra opción: donde esté y como esté seguiré siendo fiel a la hermosa causa de la paz con justicia y con amor. Bueno… es que ya lo dijo mi hermano Alí Primera: “No solo de vida vive el hombre”.
                      Les comento que no he dejado de cantar y que tengo dos nuevas canciones, cuando se resuelva lo de mi asilo, se las daré a conocer.
                      Un abrazo de todo corazón.
¡AMANDO VENCEREMOS!
Julián Conrado

Además, como Coordinadora “Que no calle el cantor”, debemos informar que desde el 11 de junio hemos asumido la defensa legal-formal de Julián Conrado ante el Juzgado Quinto de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, correspondiéndole el caso: No 5C-678-11, con el expediente No 678-11 ante el Juez Braulio José Sánchez Martínez, recibiendo “BOLETA DE NOTIFICACIÓN DEL JUZGADO”, con fecha 21 de julio (a 51 días de su desaparición-secuestro) en la que se nos informa: “…este juzgado en decisión de esta misma fecha emitió los siguientes pronunciamientos: ‘Primero: Se admite la solicitud presentada por el ciudadano abogado…de amparo judicial de la libertad y seguridad personal (Habeas Corpus) a favor del ciudadano GUILLERMO ENRIQUE TORRES CUETER todo de conformidad con lo establecido en artículo 27 de la Constitución de la república Bolivariana de Venezuela, y los artículos 38,39,40 y 41 de la Ley orgánica Orgánica de Amparo sobre derechos o garantías Constitucionales, SEGUNDO: Se acuerda oficiar a los ciudadanos: Ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia, al Director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y al Director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, para que dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al recibo de la solicitud de información de respuesta. Notifíquese al Fiscal Superior del Ministerio Público para que designe un representante fiscal para que intervenga en el trámite, sustanciación y decisión de la acción de amparo interpuesta’…”
Con estos pequeños avances, hoy podemos alégranos, pero nunca descansar. Es el comienzo del principio de una etapa de lucha legal y de justicia que apenas comienza, tratando de regular en derecho su situación de secuestrado-desaparecido. Nunca olvidemos que la pretensión del criminal gobierno colombiano es la extradición final a los EEUU, como nos lo recordó Julián en su carta de agradecimiento a los pueblos solidarios y justos del mundo.
¿Habrán cobrado ya la recompensa de 2.5 millones que ofreció el subsecretario de Estado para Latinoamérica de los EEUU, Arturo Valenzuela por su captura? No lo sabemos. Pero si el pago se hará “…al final de la operación del secuestro-detención con la entrega final, agüémosle la fiesta. Que se les caliente el champan.
  "... la vida es muy peligrosa. No por las personas que hacen mal,
sino por las que se sientan a ver lo que pasa..."
Albert Einstein
Coordinadora “Que no calle el cantor”
ASILO POLÍTICO PARA JULIAN CONRADO

La consigna es:
¡AMANDO VENCEREMOS!

miércoles, 20 de julio de 2011

Los "Doce apóstoles" de Álvaro Uribe, por Iván Márquez



LOS "DOCE APÓSTOLES" DE ÁLVARO URIBE
Escrito por Iván Márquez Integrante del Secretariado de las FARC
Quien lea El clan de los doce apóstoles, el libro de Olga Behar, no podrá escapar a la certeza de que la Presidencia de la República de Colombia fue ejercida, durante ocho años, por un paramilitar “pura sangre”, no como sus caballos, sino por lo sanguinario. Álvaro Uribe Vélez era paramilitar mucho antes de ser presidente. Tuvimos un gánster en el Palacio de Nariño.
El 25 de octubre de 1997 tuvo lugar una horrible masacre en El Aro, un pequeño poblado incrustado en la cordillera, cerca de Ituango (Antioquia). En el instante en que los paramilitares mataban a la gente y la quemaban viva, mientras violaban a las mujeres e incendiaban el caserío, 4 helicópteros sobrevolaban el área. Uno de ellos era el de la gobernación. Allí iba, personalmente, el autor intelectual de la masacre, el mismo que le había dicho a los paramilitares: “lo que tengan que hacer, háganlo”; era el gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez.
Durante seis días, 200 paramilitares permanecieron en El Aro sin que nadie los importunara. 15 ciudadanos quedaron tendidos, sin vida, en la plaza principal. Mataron a golpes a un paisano y luego le extrajeron el corazón, forzaron el desplazamiento de los 900 pobladores y se robaron el ganado de los campesinos. El ejército arreó las reses. ¿Quién atestigua esto? El jefe paramilitar Salvatore Mancuso y el ejecutor de la masacre, Francisco Enrique Villalba Hernández. Personalmente el gobernador los felicitó por la hazaña sangrienta. Unos días antes de la masacre, Álvaro Uribe Vélez, su hermano Santiago, y el mando de la IV Brigada del ejército, se habían reunido en una finca de Tarazá, con los cabecillas paramilitares Salvatore Mancuso, Carlos Castaño, Alias Cobra, Noventa, Júnior y Villalba, para planificar la cobarde acción. Por este crimen de lesa humanidad fue condenado el Estado, pero los autores intelectuales continúan su veraneo en los playones imperturbables de la impunidad.
El 27 de febrero de 1998, por denunciar la masacre, previa refutación con mucha violencia verbal por parte del gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, fue acribillado en Medellín Jesús María Valle, defensor de derechos humanos. Villalba, quien había denunciado el hecho ante un juez de justicia y paz, cayó asesinado en la puerta de su casa mientras pagaba pena de prisión domiciliaria. El extraditado Salvatore Mancuso confesaría más tarde a una comisión del senado colombiano que lo visitaba en una cárcel de los Estados Unidos, que no se atrevía a denunciar el papel protagónico de Uribe en el proyecto paramilitar, porque tenía miedo que le asesinara la familia.
Los Uribe, Álvaro y Santiago, son unos asesinos desalmados. Para borrar pruebas y testigos, mataron a casi todos los sicarios del grupo paramilitar “Los Doce Apóstoles” que bajo sus órdenes empaparon en sangre la tierra de Yarumal, al norte de Antioquia. En un breve lapso el grupo mató a más de cien campesinos inocentes bajo la falsa acusación de ser guerrilleros o auxiliadores de estos. El centro de operaciones era la hacienda La Carolina, de propiedad de los Uribe, ubicada en los llanos de Cuivá, a 15 kilómetros del municipio de Yarumal. El cabecilla principal del grupo era el propio Santiago Uribe, hermano del ex presidente. Este trabajaba en perfecta coordinación con el comando de policía de Yarumal y la base del ejército de La Marconia. Cuenta el mayor de la policía, Juan Carlos Meneses, quien se salvó milagrosamente del plomo y la pólvora de los Uribe, que la hacienda tenía un campo de entrenamiento militar, idéntico a los que utiliza el ejército. “Mira –le dijo Santiago- aquí es donde entreno a mis muchachos”.  En el lugar permanecía un grupo de hombres fuertemente armado con fusiles AK-47, Galil y AR-15. El jefe paramilitar (Santiago Uribe) se comunicaba a través de radios con el ejército, la policía y hacendados, con quienes actuaba en concierto para delinquir.
En una ocasión los paramilitares de La Carolina asesinaron a un muchacho de la región conocido como Vicente Varela. En ese entonces era comandante de la policía de Yarumal, el hoy coronel, Pedro Manuel Benavides. Requerido desde La Carolina, el policial se traslada al lugar para hacer el levantamiento del cadáver. Allí toma la sorprendente decisión de amarrarlo al bumper o parachoques de la Toyota roja de la SIJIN (inteligencia de la policía) y con un letrero adherido al pecho que decía: “muerto por extorsionista”, recorrió como un loco las calles de Yarumal, pitando, gozoso y triunfante, mostrándole a los pobladores, bajo el sol del medio día, su macabro trofeo. Actuaba como alicorado por la certeza de impunidad. Claro; sabían que los protegía el gobernador de Antioquia. Santiago Uribe les había asegurado que tenían muchos amigos en la Fiscalía y mucho manejo a nivel nacional. Y de verdad, los amparaba el Fiscal General, Camilo Osorio, luego su predecesor Mario Iguarán, y más recientemente, Guillermo Mendoza Diago, todos peleles del paramilitarismo de Uribe. Por eso se pasearon impunes con la guadaña de la muerte por los municipios de Valdivia, Angostura, Campamento, Caucasia, Santa Rosa de Osos, Anorí, dejando a su paso un reguero de muertos. Dos casos más para ilustrar la barbarie: en una acción conjunta entre paramilitares, ejército y policías, acribillaron a la familia Quintero Olarte en la Finca La Sirena, donde no solamente murió el padre de los Quintero y uno de sus hijos, sino que hirieron a varios niños. Otro crimen indignante fue el asesinato de un joven al que acusaban de guerrillero y proyectaban ejecutar en el terminal de transportes de Yarumal. Al percatarse de las intenciones del grupo, el muchacho corrió en medio de las balas en dirección al puesto policial en busca de protección. Lo mataron a escasos metros del cuartel, pero los agentes no se movieron de su sitio cumpliendo el compromiso de no interferir en las acciones del grupo de “limpieza”. Santiago Uribe les pagaba a los comandantes un millón de pesos mensuales por su complicidad. Los “Doce Apóstoles” habían montado una sede de operaciones urbanas en el sótano del comando de policía de Yarumal.
Siempre han pretendido los Uribe, darle un barniz político al instinto sanguinario y mafioso de la familia, ligándolo con una insaciable sed de venganza por la muerte de su padre, Alberto Uribe Sierra, ocurrida en 1982. Los periodistas colombianos  Fernando Garavito, autor de El señor de las sombras. Una biografía no autorizada de Álvaro Uribe, y Fabio Castillo, atribuyen la muerte violenta del padre de los Uribe a un ajuste de cuentas, a una vendetta del narcotráfico. No es un secreto que la familia Uribe amasó su fortuna en operaciones de exportación de cocaína a los Estados Unidos, al lado del cartel de los Ochoa. En marzo de 1984 las autoridades desmantelaron el complejo cocalero de Tranquilandia en el Yarí, de propiedad de Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha y el clan de los Ochoa. En dicha operación fueron incautadas 14 toneladas de cocaína y varias aeronaves, entre ellas el helicóptero Hughes 500, HK2407X, de propiedad de los Uribe. Cuando Álvaro Uribe Vélez estuvo al frente de la aeronáutica civil, autorizó la utilización de pistas o aeropuertos clandestinos en la selva, favoreciendo de esa manera, las operaciones de narcotráfico de sus socios.
El informe de inteligencia elaborado en septiembre de 1991 por el gobierno de los Estados Unidos -desclasificado por el Pentágono-, bajo el título “perfil de los narcotraficantes colombianos”, consigna en su numeral 82 lo siguiente: “Álvaro Uribe Vélez un político colombiano y senador dedicado a colaborarle al cartel de Medellín en altos niveles gubernamentales. Uribe fue involucrado con la actividad de narcóticos en los Estados Unidos. Su papá fue asesinado en Colombia por su conexión con los traficantes de narcóticos. Uribe ha trabajado para el cartel de Medellín y es muy cercano a Pablo Escobar Gaviria. Participó en la campaña política de Escobar”… Ahí está pintada de cuerpo entero el alma narco-paramilitar de Álvaro Uribe Vélez.
Con estos antecedentes no es difícil comprender por qué Uribe, siendo presidente de la República, ordenó la operación Orión contra la Comuna 13 de Medellín, en octubre del 2002. En ese ataque desproporcionado contra la población civil actuaron conjuntamente ejército, policía y paramilitares a través de los generales Mario Montoya, Leonardo Gallego y alias Don Berna, respectivamente. El gobierno utilizó helicópteros Black Hawk artillados que dispararon sus ráfagas contra los habitantes de las colinas de Medellín. Murieron 1.500 personas. Don Berna ha confesado desde una cárcel de los Estados Unidos, que muchos de los muertos fueron sacados subrepticiamente en camiones del Gaula del ejército, vía La Pintada, donde fueron arrojados a las aguas del río Cauca.
Crímenes de lesa humanidad, como los denominados eufemísticamente “falsos positivos”, en los que ultimaron a centenares de jóvenes desempleados para presentarlos en los titulares de la prensa oficial, como “guerrilleros muertos en combate” y señal inequívoca de la eficiencia de la política de seguridad democrática, no podían salir sino de la perfidia de un asesino compulsivo como Álvaro Uribe Vélez.

Los Uribe son expertos en delinquir sin dejar rastros. Por eso mandaron a matar a “Pelo de chonta”, a los Pemberthy, a Pitufo, al relojero, y a muchos otros sicarios de los “Doce Apóstoles”. Cuando el teniente Víctor Hugo Méndez, subcomandante de la SIJIN en Antioquia, fue remitido al comando de policía de Yarumal, en cinco días lo asesinaron, por el hecho de que su valentía y honradez lo habían impulsado a investigar la estela de sangre de los “Doce Apóstoles” en la jurisdicción de su comando. El caso tuvo ocurrencia el 6 de noviembre de 1994. Cuando sintieron que los líos jurídicos que empezaban a enredar al Mayor Meneses podría involucrarlos, los Uribe influyeron para que lo enviaran a lugares de orden público agitado donde pudieran presentar su muerte como producto de un ataque de la guerrilla. Por eso lo enviaron a Segovia, una población resentida con el ejército y la policía, por su participación con los paramilitares en la masacre del 11 de noviembre de 1988 que dejó muertos a 43 pobladores y heridos a 40. No pueden, no deben quedar impunes los autores intelectuales y promotores de los “Doce Apóstoles”. Álvaro Uribe Vélez, su hermano Santiago, el cura Gonzalo Javier Palacio que utilizaba el púlpito para lanzar arengas antisubversivas, el hacendado Álvaro Vásquez, el ganadero Emiro Pérez, Donato Vargas, y otros notables de Yarumal, deben pagar por sus crímenes.
Pocos días después de la posesión de Uribe Vélez como presidente de la República, su familia toma la decisión de vender la hacienda La Carolina, como si ese acto fariseo fuese suficiente para lavar las manos ensangrentadas y eludir responsabilidades penales. Los Uribe Vélez no son ningunas vacas sagradas. El peso de la justicia debe caer sobre ellos.
En Colombia hay muchos compatriotas con sentimiento de humanidad, como el padre Javier Giraldo del CINEP (Centro de Investigación y Educación Popular), que desafiando los peligros, supo escuchar el dolor de las víctimas ante la sordera de las instancias judiciales y del gobierno mismo. Gracias a la gestión del CINEP el caso de los “Doce Apóstoles” fue puesto en conocimiento del premio nobel de paz, Adolfo Pérez Esquivel, y un equipo de juristas argentinos, que no aflojarán en su empeño humanitario de recurrir a la justicia universal, a los tribunales internacionales, para evitar, tal como lo lograron en el caso argentino, que crímenes de lesa humanidad pasen de agache, protegidos por la impunidad. Tienen en su poder los valiosos testimonios del Mayor de la policía, Juan Carlos Meneses e importantes pruebas fotográficas y de audio, en las que el coronel de la policía, Pedro Manuel Benavides, involucra a los Uribe en la campaña criminal de los “Doce Apóstoles”.
El libro de Olga Behar revive la memoria de una matanza de lesa humanidad que no debe ser olvidada, y es al mismo tiempo un testimonio escrito con tinta indeleble, que no dejará de señalar con el dedo acusador a los Uribe, Álvaro y Santiago.
Colombia, más que ningún país, requiere con urgencia la solidaridad internacional para vencer la impunidad que arropa los terribles crímenes del paramilitarismo de Estado contra una población civil indefensa. Por tanto muerto, tantas viudas, tantos huérfanos, por el despojo y el desplazamiento, deben ser castigados los autores intelectuales de la hecatombe humanitaria que ha herido a Colombia. Políticos como Uribe, generales del ejército, empresarios, ganaderos, capos narco-paramilitares, banqueros lavadores de dinero de los narcos, el gobierno mismo, responsables de estos crímenes contra la humanidad, deben ser conducidos a los tribunales.
Última actualización el Viernes, 15 de Julio de 2011 17:35

martes, 5 de julio de 2011

Como en Marquetalia, venceremos al ejército criminal de la oligarquía colombiana


Nada detendrá el cauce de las aguas revolucionarias. 
¡Vivan las FARC-EP!
¡Viva Alfonso Cano!

lunes, 4 de julio de 2011

domingo, 3 de julio de 2011