Nuestra tierra, la que nos pertenece porque nacimos en ella, nuestra patria, se ha convertido hoy en tesoro codiciado por la piratería transnacional en tiempos de decadencia y de crisis sistémica del capital.
Las transnacionales, Sarmiento Angulo y Santodomingo, Efremovich y Francisco Santos, y muchos otros piratas feroces de parche y cuchillo, se han abalanzado al saqueo de las riquezas que aún le quedan a Colombia, con la anuencia gansteril y patente de corso del Presidente Santos.
Invertir en la tierra, tiene hoy alcances estratégicos. La geografía, el territorio, se han convertido en la obsesión de la avaricia del capital. Ante la declinación de la producción petrolera a escala mundial las empresas han volcado sus ojos hacia la perspectiva de ganancias rápidas con la producción de agro-combustibles y la explotación del subsuelo. La Amazonía, la Orinoquía y la extensa franja del Pacífico son los nuevos espacios ambicionados por el capital para la extracción de ganancias, a como dé lugar.
La tierra ya no interesa tanto como medio de producción ganadera y de generación de soberanía alimentaria, no. El negocio está en la producción de bio-combustibles, de etanol, en el cultivo de maíz, caña y palma africana, y en el saqueo de lo que hay en la superficie y debajo de ella: petróleo, oro, carbón, coltán, ferroníquel, agua y biodiversidad, sin ningún tipo de barreras éticas ni socio-ambientales.
Durante 25 años, los últimos gobiernos prepararon el terreno para el asalto. Hemos vivido un cuarto de siglo de despojo violento capitaneado por el Estado, de expropiación de tierras, de masacres paramilitares, de desplazamiento forzoso. Definitivamente la mano negra del Estado es el paramilitarismo. En ese lapso fueron desplazados 5 millones de campesinos y expropiadas 7 millones de hectáreas. El Paramilitarismo de Estado, el Plan Colombia, la injerencia estadounidense en el conflicto interno, fueron utilizados como ariete criminal para quebrar al pueblo y generar condiciones de seguridad para la entrada en escena de los inversionistas.
Al cabo de 8 años de gobierno ilegítimo, ilegal y mafioso, Uribe terminó ensangrentado hasta la coronilla. Santos simplemente está lavando la sangre que salpica al régimen. Es un falso samaritano intentando tapar con cosméticos el desprestigio internacional de un gobierno. Se diferencia de Uribe porque no asesina desembozadamente, pero mata y despoja a nombre de la Constitución y la Ley.
Se modifican las apariencias, pero las ganancias y el saqueo, son sacrosantos. No se tocan. En eso es igualito o peor que Uribe. La confianza inversionista es un eufemismo que encubre la entrega de la soberanía. Uribe les firmó a las transnacionales, contratos de seguridad jurídica hasta por 20 años, los colmó de incentivos, de exenciones tributarias, de garantías para el expolio… Cuántos fajos de dólares y monedas de plata habrán acrecentado la bolsa de este Judas de Colombia. ¿Y Santos? Está haciendo lo mismo. Su empeño es profundizar la política neoliberal y en ese marco es el propulsor de una legislación que privilegia los derechos del capital frente al interés común y la patria misma. Ha convertido a 90 mil soldados del ejército colombiano en taciturnos guachimanes de las transnacionales, en guardianes de la infraestructura y de las ganancias del capital foráneo contra la inconformidad social. Ese no fue el papel que le asignó al ejército el padre Libertador. Él habló de defender las fronteras y las garantías sociales.
Noche y día, cientos de vagones de carbón y cerca de un millón de barriles diarios de petróleo salen del país rumbo al mercado internacional, asperjando además, gran contaminación ambiental, y Santos, henchido de incomprendida satisfacción, proclama que están creciendo las exportaciones, y la economía en un 7%. Vale preguntarse, tal como lo sugieren especialistas y académicos del país, ¿qué tan colombiana es la economía colombiana? ¿Quién exporta el petróleo, el carbón, el ferroníquel, el oro? Las transnacionales. La prosperidad es entonces de las transnacionales y de los gobernantes vendidos, no del país. A esté sólo le quedan los huecos y socavones vacíos y el desastre socio-ambiental.
Toda la población de Marmato, Caldas -pueblo de antigua tradición minera-, pretende ser desplazada por el gobierno para que una transnacional canadiense pueda explotar su oro a cielo abierto.
Ahora están tratando de criminalizar la minería artesanal de la que depende el sustento de miles y miles de colombianos, para entregarle el monopolio de la explotación aurífera a las transnacionales. Al frente de esa campaña está el ministro de Minas y Energía. Por todas partes se escucha su mentirosa cantilena que ésta minería está ligada a bandas criminales y al terrorismo. ¡El colmo de la desfachatez! Con urgencia hay que amarrar a ese burócrata loco que ha colocado Santos al frente del ministerio, Mauricio Cárdenas, antes de que haga trizas lo poco de soberanía que milagrosamente nos queda.
Todos los esfuerzos de la estrategia de Santos están dirigidos a legalizar el despojo, es decir, a despojar y expropiar a nombre de la ley; suavemente, sin ese derramamiento de sangre que tanto escandaliza a la opinión internacional. Ese es el espíritu que domina el paquete legislativo que hará trámite en el Congreso a partir de marzo.
La Ley de tierras y reparación de víctimas promovida por Santos es un engaño, como lo es también confundir sobre la verdadera identidad de los victimarios. De manera inaudita se le ha dado por pregonar últimamente, tirándole a las escopetas, que la insurgencia es la causante del despojo, cuando históricamente está demostrado que el responsable es el Estado con su ejército, sus paramilitares, sus terratenientes, sus ganaderos, y sus leyes. Se asemeja así el Presidente al ladrón que grita: ¡agarren al ladrón!
Sí. Santos ha empezado a titular tierras a presuntos o verdaderos desplazados, pero lo que está entregando es un derecho a la superficie, un papel de ilusiones que le hace creer al campesino que es dueño de la tierra, cuando en realidad lo que le está entregando es un título para que pueda vender o arrendar. Pronto le caerán al campesino, como buitres carroñeros, las transnacionales y la agro-industria, para que les arriende con derecho a 20 y 30 años para producir etanol y extraer oro, petróleo, carbón y coltán, mientras el campesino seguirá confinado en los mismos cinturones de miseria de las grandes ciudades, lejos de su tierra, viviendo tal vez de una renta precaria.
La tierra, en estas circunstancias, hace que la categoría PATRIA se perciba más nítida y se aferre con todas sus fuerzas al corazón de los colombianos. Luchar por la soberanía deja de ser una bandera abstracta, incomprendida y etérea, para convertirse en exigencia de dignidad de las mayorías. De esa manera, el puño de la patria en alto contra el saqueo de las riquezas nacionales y la devastación del medio ambiente, adquiere nuevas dimensiones y al mismo tiempo denota un nuevo nivel de conciencia de lucha popular. Defender lo nuestro, nuestra tierra, es defender nuestra dignidad.
Montañas de Colombia, febrero de 2012
http://www.farc-ep.co/?p=1046
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